El Pleno del Ayuntamiento de Peligros acaba de aprobar la moción de Stop Desahucios y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, para sancionar a los bancos con viviendas vacías y garantizar los suministros básicos como la luz, el agua y el gas, a familias que no los puedan afrontar. La moción salió adelante este jueves con los votos favorables de IU, PSOE y ADP (Alternativa Democrática de Peligros), y la abstención del PP, que resaltó la necesidad de preservar a los bancos.
Unos 40 ayuntamientos de todo el país han aprobado ya en Pleno esta moción impulsada por las plataformas ciudadanas mencionadas, pero Peligros es el primer municipio de la provincia que lo hace. Así lo quisieron el grupo de Stop Desahucios y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, algunos de cuyos miembros estaban presentes en el salón de plenos.
La moción “para la sanción de los inmuebles permanentemente desocupados, propiedad de entidades financieras y otras grandes empresas” y “para garantizar los suministros básicos luz, agua y gas y sancionar a las empresas suministradoras que denieguen o corten el suministro de la vivienda habitual”, llegó al Pleno de Peligros de la mano de Izquierda Unida, por propia iniciativa de las plataformas ciudadanas.
En opinión de Antonio Redondo, representante del colectivo Stop Desahucios, el gesto de ayer “es un paso adelante para garantizar los derechos fundamentales de las personas”. La plataforma espera que la medida se extienda a los demás municipios de la geografía granadina “de manera que juntos presionemos a la Junta de Andalucía para que tome medidas legislativas” en la línea de las planteadas en la moción. La ley de la función social de la vivienda, paralizada por el Constitucional por el recurso del Gobierno, es fundamental para el desarrollo de las medidas propuestas en la moción. Antonio Redondo ha explicado que trasladarán el texto a todos los ayuntamientos de la provincia.
Además de la moción para sancionar a bancos con viviendas permanentemente vacías, con lo que se pretende fomentar el alquiler asequible, y la garantía de suministros básicos, el alcalde de Peligros, Roberto García, anunció que el equipo de gobierno va a revisar al alza todas las ayudas para esos suministros “si así lo decide el Pleno cuando se voten los presupuestos”.
La moción llevada al Pleno de Peligros establece siete acuerdos: el compromiso de poner en marcha medidas municipales, siempre en base a la legalidad vigente, para garantizar el derecho a la vivienda y a los suministros de agua, luz y gas; elaborar un plan municipal de vivienda que regule medidas para evitar la desocupación “permanente e injustificada”; colaborar con la Consejería de Vivienda en la comprobación de inmuebles desocupados permanentemente; sancionar en aquellos casos en los que corresponda al municipio sancionar; exigir a los organismos y administraciones medidas para prohibir el corte de agua, luz y gas a familias que lo necesiten; instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a emprender acciones en este ámbito, dentro de sus competencias; y transmitir esta moción para su conocimiento y adhesión a las entidades municipalistas, al Parlamento de Andalucía, a los diferentes grupos parlamentarios, a las plataformas de afectados por la hipoteca, grupos de Stop Desahucios, Movimiento por el Derecho a la Vivienda y a las asociaciones vecinales del municipio.
José Antonio Paniagua, concejal de Izquierda Unida que defendió la moción ante el Pleno, reconoció la labor de las plataformas impulsoras (“los movimientos ciudadanos van siempre por delante de los políticos”, dijo), y recordó que solo en los seis primeros meses de 2013 se produjeron tantos desahucios como en todo el año 2012. Apuntó que 1.832.300 de hogares españoles viven con todos sus miembros en paro, y que se produce un desahucio cada quince minutos. El concejal recurrió a los artículos 33, 40, 47 y 128 de la Constitución para avalar las intenciones de la moción, y recordó que el artículo 3 del Código Civil establece que “las normas se adecuarán al contexto social en el que se den”. Ante el anuncio de abstención por parte del grupo popular, José Antonio Paniagua refirió el recurso del Gobierno a la ley andaluza de función social de la vivienda, que ha resultado en su paralización por parte del Tribunal Constitucional, y acusó a los populares de ser “cómplices del abandono de miles de familias”.
“La vivienda no es un negocio, es un derecho, y así lo contempla la ley”, apostilló el alcalde.
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